Presidencia Mexicana en GAFI

El 1 de julio inició la presidencia mexicana en el Grupo de Acción Financiera (GAFI), encabezada por Elisa de Anda Madrazo, quien liderará la organización por un período de dos años, desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2026. Con esta posición, México se compromete a contribuir, desde el ámbito multilateral, a la seguridad de las naciones y sus economías, así como a la integración del sistema financiero internacional en el seno del GAFI. El programa de trabajo estará guiado por el principio de inclusión, promoviendo la inclusión financiera y la cohesión de la Red Global conformada por más de 200 jurisdicciones. Se buscará una mayor integración de los estándares internacionales en cada sector público y privado, promoviendo así una mayor diversidad en la gobernanza del GAFI. Las prioridades de la presidencia del GAFI serán:

  • Promover la inclusión financiera para reducir el uso de efectivo y combatir la informalidad, especialmente en sectores no regulados. Las medidas incluirán estrategias para regularizar actividades ilegales de lavado de dinero, con un enfoque técnico basado en recomendaciones internacionales.
  • Fomentar la cohesión de la Red Global del GAFI bajo los principios de inclusión y colaboración. Más de 200 jurisdicciones se han comprometido a implementar los estándares del organismo, siendo sensibles a los desafíos de los países menos desarrollados y fomentando la cooperación regional e internacional.
  • Prevenir y combatir el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, aumentando y actualizando la comprensión global de los riesgos de estas actividades.

Estas prioridades fueron adoptadas unánimemente por la membresía del GAFI en la reunión plenaria sostenida en Singapur del 26 al 28 de junio de 2024. La membresía reconoció el liderazgo y capacidad de México y de la nueva presidenta para llevar a cabo esta encomienda. El GAFI es un organismo internacional dedicado a establecer estándares internacionales, promover y evaluar la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

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