En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 13 de febrero se publicó la iniciativa titulada “Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública” surge de la necesidad de articular y fortalecer el trabajo de las instancias de seguridad en México, con el fin de responder eficazmente a amenazas complejas como la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción. Bajo esta propuesta, se busca crear un marco normativo que homologue la recolección, el análisis y el uso de información sensible, promoviendo la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y diversas instituciones relacionadas. Asimismo, se incorporan principios de transparencia, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas.
En términos organizativos, el proyecto plantea la formación de un Consejo Nacional de Investigación e Inteligencia como máximo órgano rector, integrado por representantes de alto nivel que diseñarán políticas y lineamientos generales. A su vez, se prevén comisiones especializadas en temas relevantes (inteligencia cibernética, combate a la delincuencia organizada, prevención del terrorismo, etc.) y la creación de un Centro Nacional de Investigación e Inteligencia encargado de recopilar y sistematizar datos de diversas fuentes. Para garantizar la integración de todos los niveles de gobierno, se propone el establecimiento de enlaces estatales y municipales que aseguren la comunicación y el intercambio de información.
La iniciativa hace hincapié en la protección de los derechos fundamentales y la confidencialidad de la información. Para ello, introduce principios de legalidad, objetividad, confidencialidad y proporcionalidad en las tareas de inteligencia. Se subrayan mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, entre ellos un órgano interno de control que evalúe la actuación de los funcionarios, y la intervención de comisiones legislativas encargadas de solicitar informes e investigar posibles irregularidades. También se contempla la participación de autoridades de protección de datos personales, con el objetivo de vigilar el correcto manejo de la información y evitar el uso arbitrario de métodos de vigilancia.
En cuanto a las facultades de investigación, se regulan las herramientas tecnológicas y bases de datos, siempre con la exigencia de autorizaciones judiciales en caso de intervenciones a comunicaciones privadas. Asimismo, la Ley promueve la profesionalización de los cuerpos de inteligencia, estableciendo la creación de estándares de formación, certificación y controles de confianza para quienes operen en áreas sensibles. Con esta iniciativa, el Estado mexicano pretende robustecer su respuesta frente a actividades delictivas y proteger el bienestar de la población.
Por otro lado, el proyecto contempla un periodo de transición y la necesidad de emitir reglamentos y lineamientos para su correcta implementación. Esto incluye la armonización legislativa con otras normas (como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional), la asignación de recursos presupuestarios suficientes y la adopción de tecnologías seguras. De igual forma, se prevé un régimen de sanciones para quienes incurran en faltas o delitos que atenten contra la integridad y confidencialidad de la información recolectada.
En resumen, la iniciativa de ley busca establecer un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia sólido y coordinado, que combine la eficacia en la prevención y persecución de delitos con el pleno respeto de los derechos humanos. Su éxito dependerá de la correcta implementación, la supervisión constante y la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, la sociedad civil y las autoridades encargadas de la transparencia y la protección de datos personales.
Resumen por:
C.P.C. José Luis Zamora
Socio en BHR México
Febrero 2025