Régimen de Subcontratación

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de abril de 2021, en su versión vespertina, se publicó la reforma en materia de subcontratación laboral, modificando diversas disposiciones de la ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional así como su reglamento y de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como puntos relevantes, en BHR México podemos destacar lo siguiente:

1.

Se prohíbe la subcontratación de personal, la cual consiste en que una persona física o moral pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra persona. En ese sentido, se derogarían los artículos 15-A al 15-D de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que actualmente regulan el trabajo en régimen de subcontratación.

2.

Se permitirá la subcontratación, cuando se provean servicios especializados, siempre y cuando no sean parte de su objeto social ni de la actividad económica preponderante, de la beneficiaría de éstos; adicionalmente, el prestador del servicio deberá estar registrado en el padrón público establecido en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para obtener el registro, se debe acreditar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estar al corriente de todas sus obligaciones relativas en temas de seguridad social y del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El registro tendrá una duración de tres años y deberá ser renovado al final de ese periodo.

3.

Los pagos por concepto de subcontratación y/o por servicios en los que se proporcione personal a disposición de los contratantes, no serían deducibles para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni acreditables para el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Solo sería deducible y acreditable, respectivamente, cuando se traten de subcontratación de servicios o ejecución de obras especializadas.

4.

Podrán seguir operando las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal, reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, (head hunters), pero éstas no se considerarían patrones.

5.

Se permite la prestación de servicios por las empresas del mismo grupo empresarial, siempre y cuando cumplan con los requisitos antes indicados. Se entenderá por grupo empresarial el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. También se considerará como grupo empresarial, a los grupos financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

6.

La base de cálculo para determinar el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) no se modifica, es decir, es el 10% de la utilidad fiscal (Artículo 9 del ISR); sin embargo, se establece un tope y será la opción que favorezca más al trabajador: a) El máximo a repartir no podrá ser de más 3 meses del salario nominal del trabajador o b) El promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años tres años.

7.

En materia de Seguridad Social, se elimina la facilidad de tener 5 registros patronales en diferentes clases de riesgo.

8.

Se adiciona una definición en materia fiscal para la figura de la subcontratación de personal, tomando en consideración la propuesta de reforma a la LFT, tiene como finalidad de inhibir prácticas indebidas que tienen como consecuencia la evasión o elusión fiscales, la configuración de empresas que facturan operaciones simuladas a través de la supuesta prestación de servicios de personal, y la afectación de derechos laborales.

9.

Se plantea establecer como agravante, la comisión de la infracción de deducir y acreditar la subcontratación y servicios en los que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante; por lo tanto, la multa se aumentaría de un 60% a un 90% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido.

10.

Cuando el contratista incumpla sus obligaciones de entregar al contratante información y documentación señaladas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) e Impuesto al Valor Agregado (LIVA), se haría acreedor a una multa de $150 mil a $300 mil por cada obligación de entregar información no cumplida.  

11.

Se propone establecer en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación (Delito de defraudación fiscal) que la conducta consistente en utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, descritas en el artículo 15-D, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación (CFF), o realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer párrafo de dicho artículo, constituyen calificativas en la comisión del delito de defraudación fiscal y sus equiparables.

12.

Se debe presentar por el contribuyente que presta el servicio y por el contribuyente que reciba el servicio, los formatos denominados PS-1 ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y SIRESO para efectos del INFONAVIT.

13.

Para deducir la prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, el contratante deberá verificar cuándo se efectúe el pago relativo, que el contratista cuente con el registro señalado en el punto número 2, y obtener de este último, copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios a sus trabajadores, entre otros.

14.

Por virtud de esta reforma, se deroga el supuesto de retención establecido en el artículo 1o.-A, fracción IV de la Ley del IVA, que tanta polémica generó a principios del año 2020 respecto a las hipótesis en que se aplicaría esta retención, en razón de que dicho numeral establece una obligación de retención que sería innecesaria para garantizar el entero del impuesto respectivo, atendiendo a que la propuesta establece que los pagos realizados por concepto de subcontratación de personal no tienen efecto fiscal alguno.

Derivado de lo anterior se desprende que dicho decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación, con excepción de lo dispuesto en el CFF, LISR, y LIVA que entrara en vigor el 1 de agosto de 2021.

La STPS tendrá 30 días naturales para expedir las disposiciones de carácter general.

Una vez publicados los lineamientos antes descritos, se tendrán 90 días naturales para que las empresas que presten subcontratación de servicios especializados u obras especializadas obtengan el registro ante la STPS.

Para empresas que tengan más de un registro patronal, se tendrá un periodo de 90 días naturales para que den de baja los registros patronales adicionales, en caso de no ser dados de baja, los mismos en automático el IMSS los eliminara.

Se considerará sustitución patronal aquella que se realice durante los 90 días naturales siguientes, siempre y cuando la empresa destino de los trabajadores reconozca los derechos laborales de los trabajadores incluyendo la antigüedad, por lo que si se trata de empresas de subcontratación no será necesario la transmisión de los bienes objeto de la empresa durante dicho plazo.

El INFONAVIT tendrá el plazo de 60 días naturales para expedir las reglas que establezcan los procedimientos para el cumplimiento de obligaciones respecto a la presentación de SIRESO.

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Mtro. José Luis Zamora
Socio de Auditoría 

L.D., E.F.P Y M.D.A.F. Francisco Vilchis Orea
Gerente del Área Legal

L.D. y M.D.F. Luis Daniel Rojas García
Encargado del Área Legal-Fiscal
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