Las autoridades pueden solicitar información financiera sin orden judicial para investigar delitos fiscales

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional que el Fiscal General de la República, los Fiscales o subprocuradores de los estados, entre otras autoridades, soliciten información financiera de los particulares sin una orden judicial cuando investiguen posibles delitos, incluyendo la defraudación fiscal equiparada.

Como antecedente más remoto, el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió el amparo contra el artículo 142, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito por considerar que viola el derecho a la vida privada, apoyándose en lo resuelto por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, en el amparo directo en revisión 502/2017, en cual se declaró inconstitucional el artículo 117, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, cuyo texto subsiste en el artículo 142, fracción II, del mismo ordenamiento.

A partir de ese asunto el juez considero que (en relación con el derecho a la privacidad para fines de investigación penal) la Constitución admite la práctica de diligencias para recabar información privada de las personas investigadas, pero es necesaria la autorización judicial.

Inconforme con lo anterior, se promovió Recurso de Revisión, entre otros, por parte del Presidente de la República, inconformándose medularmente respecto de las consideraciones referentes a la inconstitucionalidad del artículo 142, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, y afirmando que fue ilegal que el Juez De Distrito que resolvió el asunto, se basara en el amparo directo en revisión 502/2017, del que surgió la tesis 1a. LXXI/2018 (10a.), en virtud de que ese criterio no es aplicable al caso y no constituye jurisprudencia obligatoria.

Sin embargo, el Cuarto Tribunal en Materia Penal del Primer Circuito, mediante sentencia de fecha 17 de octubre de 2019 resolvió que eran incompetente para resolver el tema de fondo planteado, es decir, para resolver sobre la constitucionalidad del artículo 142, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que ordenó enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando registrado en ese Alto Tribunal con el número 971/2019 y turnó el asunto a la ponencia del entonces Ministro de la Primera Sala, Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

Luego entonces, dicha Primera Sala, ahora presidida por la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, ex Jefa del Servicio de Administración Tributaria, consideró que los agravios de fondo propuestos por la autoridad, es decir, con respecto a la supuesta inconstitucionalidad del citado artículo, son esencialmente fundados, por lo que debe revocarse la sentencia de amparo en lo referente al tema de constitucionalidad, determinando que el referido artículo 142 fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, no vulnera el derecho a la privacidad (secreto fiscal) de manera arbitraria ni desproporcional.

Entre los razonamientos expuestos en la sentencia dictada en el amparo en revisión número 971/2019, se conoce que la Sala de conocimiento consideró  que dicha norma no es contraria al texto constitucional, pues si bien el artículo 16 protege el derecho a la privacidad financiera, la facultad del Ministerio Público para obtener información bancaria sin autorización judicial persigue una finalidad legítima y satisface los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Dentro de los razonamientos expuestos en dicha sentencia, los ministros de la Primera Sala determinaron que no se viola el derecho a la privacidad en aquellos casos en los que la solicitud de información financiera por parte del Estado tenga “fines fiscales”. Es decir, se ha admitido excepciones al secreto bancario, de manera que se evidencia que el derecho la privacidad no es absoluto, por más que sea parte del derecho a la vida privada del usuario de servicios financieros.

En conclusión: el artículo 142, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito no vulnera el derecho a la vida privada de manera desproporcional, al permitir que las autoridades ministeriales locales requieran información relacionada con el secreto bancario sin mediar autorización judicial, al ser dicha facultad de investigación una excepción a la interrupción de la vida privada acorde con el artículo 16, en relación con el 21 constitucionales.

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Mtro. y Lic. Luis Daniel Rojas García
Abogado especialista en Litigio Fiscal

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